“Gig economy”, “sharing economy” y los nuevos empleos: reforma o abusos

Una de las cosas que llama la atención en el debate político español es que parece que esté teniendo lugar hace diez años. Hablamos de lo mismo y hablamos casi igual, cuando la realidad económica española ha cambiado (mucho) y sigue cambiando deprisa.

Hablamos de “precariedad en el empleo” cuando lo que estamos teniendo cada vez más son micro empleos que no se renuevan abiertamente para no tener que hacer fijo a nadie. Porque las reglas (mal que pese a sindicalistas) siguen haciendo que no compense asumir ese riesgo.

Hablamos de “emprendimiento” y “autónomos” cuando lo que tenemos cada vez más son falsos autónomos y profesionales que trabajan para una o dos empresas como externos. Porque las empresas no hacen contratos, y porque es la única manera de quedarse con algo parecido a una remuneración decente por su trabajo. No, no hay miles de empresarios más: hay cientos de miles más de profesionales sin contrato laboral.

Hablamos de “país de camareros” cuando lo que tenemos es la creación de cientos de miles de puestos de trabajo de baja cualificación y encima desintermediados: muchas startups, especialmente los “mercados online” de la “gig economy”, ponen en contacto oferta y demanda sin molestarse en asumir la responsabilidad por los recursos con los que la atienden. Los repartidores son un ejemplo, pero hay miles de “microjobs” en cada vez más áreas.

Y hablamos de “sharing economy” (a alguno se le llena la boca) cuando lo que tenemos son, en demasiadas ocasiones, empresas abusando del coste que la normativa impone a sus competidores en muchas actividades.

El ejemplo de Uber

En el caso de Uber y sus congéneres, la cuestión es muy sencilla. Mediante la conveniencia de una app que simplifica los pagos y facilita la contratación, y sobre todo mediante una enorme inversión en publicidad y subvención del coste de servicio, captan clientes. Mediante la promesa de trabajo a demanda, captan conductores.

La trampa es triple. En primer lugar, hablamos (ya probadamente) de dumping. No hay “network effects” en este mercado así que a la competencia hay que matarla a mano. Uber subvenciona los precios del viaje en los mercados en los que entra, mientras tiene competencia. No es lo único que han hecho para cargarse a la competencia, pero esto lo hacen en todas partes. En cuanto esa competencia está ya debilitada o extinta, cesan las subvenciones y suben los precios.

En segundo lugar, Uber paga lo justo a los conductores. Y “lo justo” significa estrictamente lo necesario. A medida que su dominio entre los clientes les convierte en inevitables para los conductores, adquiere una condición de monopolio (o “monopsonio” si estamos tiquismiquis) lo que le da un poder completo, total, sobre lo que paga.

Y en tercer lugar, Uber juega con las normas. Más exactamente, con la ventaja que le da ignorar las normas existentes sobre coches con conductor y sobre mercado laboral, entre otras. Sus conductores son un ejemplo clarísimo de “falsos autónomos” que deberían tratarse como empleados, con los derechos que eso conlleva, incluyendo sueldos (pero al no hacerlo, ahorra costes). Sus coches deberían estar sujetos a todas las garantías que se exigen a los taxis, desde inspecciones a equipamiento (pero al no hacerlo, ahorra costes). Sus conductores deberían estar sujetos a las mismas normas que los Ayuntamientos imponen a cualquier otra persona que quiere conducir pasajeros (pero al no hacerlo, ahorra costes). Debería pagar las mismas licencias municipales por tener un vehículo que ejerce un servicio de transporte de pasajeros en coche (pero al no hacerlo, ahorra costes).

Dejo aparte temas como los préstamos para comprar coches y otras prácticas que dejan muchísimo que desear desde un punto de vista de seguridad jurídica y derechos sociales… pero que no son irrelevantes.

Esto no significa que Uber sea “maligno” o que los taxis deban seguir como hasta ahora. Significa solamente que NO ha inventado la rueda del transporte público urbano en coche, sólo la ha sacado del marco administrativo y legal en el que estaba (y le ha puesto una buena app).

Ese marco legal tiene sus razones, unas mejores y otras peores. El marco fija unas tarifas, fija un coste de licencia de ejercicio de la actividad, fija unos requisitos para ejercerla, fija unas condiciones y revisiones para los coches. Fija también un marco para los empresarios y los trabajadores.

Poniendo puertas (eficaces) al campo

La “sharing economy” necesita normas. Necesita regular el papel de los que participan, y posiblemente modificar la legislación para adaptarse a las nuevas variedades. Necesita decidir si los empleados de Uber son empleados o son autónomos o son otra cosa. Necesita decidir si cualquiera puede hacer de taxi (o de autobús o de farmacéutico) o no, y qué debería cumplir para hacerlo. Debería decidir si es legal prestar un servicio por debajo del precio de coste (aparte de como oferta puntual).

Otro ejemplo clásico (por su éxito e imitadores) es AirBnB. La empresa de comercialización de “habitaciones ocasionales” es mucho menos depredadora que Uber, pero ha demostrado ser un nido de problemas: hay gente que de verdad alquila puntualmente la habitación extra o el sofá, y hay gente que monta negocios de alquileres de vacaciones sin pasar por Hacienda o por los requisitos legales que este negocio tiene, desde licencias a seguros.

Y así en todas las esquinas de la “sharing economy”. Estos modelos de negocio funcionan, en principio, poniendo en el mercado esas cosas que tenemos y a las que no acabamos de sacar partido (tiempo de coche, habitaciones, herramientas de jardinería), sin el coste de profesionalizarlo a la antigua.

¿Es malo? No. Pero estos servicios conllevan responsabilidades. Las que no asuma el proveedor las debe asumir la empresa intermediaria. Las cosas deben estar claras, las cuentas con Hacienda también, los derechos sociales de los trabajadores aún más.

Del mismo modo, los “mercados”, especialmente los de “microjobs”, reflejan una realidad en la que millones de españoles se van a encontrar cada vez más: la falta del paraguas de una empresa que asuma el riesgo de contratarles para prestar sus servicios a terceros.

Ya no estamos en Kansas

No es que no vaya a haber “empleo digno”, es que cada vez va a haber menos empleo. Porque el empleo tradicional es cada vez menos rentable para ninguna de las partes.

Domar este nuevo entorno para asegurar que el resultado es una economía dinámica pero con derechos y seguridad, y no un caos con abusos y evasión de impuestos donde sólo pierde el que sigue las reglas, es una obligación urgente. Es algo que nuestros gobernantes y parlamentarios tienen que atacar cuanto antes, porque no espera. No hablamos del futuro, no hablamos de la era de la inteligencia artificial o los coches sin conductor. Hablamos de hoy y ahora, y ya va siendo momento de que los políticos hablen también de ello.

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