El euskera y el sexo

Una de mis bisabuelas consiguió trabajo por no hablar apenas castellano. Llegó a Madrid y acabó de doncella de confianza con los marqueses de Santo Mauro, porque hablaba poco y era discreta. No tenía otro remedio. Era de Gaztelu, y eran otros tiempos.

No hace falta retroceder a la torre de Babel para darse cuenta de que cuando los humanos se entienden, colaboran mejor y consiguen más. A pesar de la excepción de mi bisabuela, hablar un idioma común con los que te rodean es una inmensa ventaja. Es algo productivo. Es lo que se llama una “competencia técnica”.

El vascuence, o euskera, no es una competencia técnica en España para casi nadie que no sea filólogo o profesor del idioma. Es como el sexo o la raza: no le hace a nadie más productivo ni más eficaz. No le hace capaz de entenderse con nadie con quien no pueda ya entenderse en español.

Es una competencia que puede ser importante para muchas cosas, pero raramente (si es que lo es alguna vez) para el ejercicio profesional. Para algunos puede ser más cómodo hablar con un médico que hable euskera (o que sea mujer), pero eso no le hace mejor médico que uno que no lo hable. Lo mismo pasa con los porteros del estadio del Sadar.

El vascuence es un bien cultural de la Humanidad. Hablar vasco es un derecho de cualquiera, navarro o no, y esa lengua es una parte importante del acervo de (al menos) algunas regiones de Navarra. Pero no es un deber. Y entenderlo tampoco es un deber. O no debería serlo. Porque a día de hoy, cada vez con menos disimulo, algunos quieren que lo aprendamos como ellos juran la Constitución: por imperativo legal.

Hay una diferencia entre asegurar que un idioma sobrevive y es usable, y fomentarlo mediante prácticas que deberían ser ilegales.

No es lo mismo promover que favorecer. No es lo mismo promover que incentivar. No es lo mismo promover que discriminar.

Lo que está intentando hacer ahora el gobierno de Navarra no es simplemente asegurar el derecho de los navarros que quieran a aprender euskera. Es incentivar económicamente la decisión de aprenderlo. Es premiar a los que eligen adoptarlo, desde la guardería. Es obligar a cualquiera que quiere trabajar para las Administraciones públicas a aprenderlo. Es favorecer, a todos los niveles, a los que comparten un elemento cultural que no es común a todos los navarros. Es pura y llanamente discriminación.

Una discriminación que hace que se valore como competencia profesional un idioma que no aumenta la capacidad técnica de una persona, y en cambio excluye no sólo a casi todos los españoles, sino a casi el 80% de los navarros.

Para entendernos. Imagina que, en una Navarra en la que el 80% de la población fueran mujeres (o heterosexuales, por poner), el gobierno dijera que para trabajar o disfrutar de los servicios públicos en igualdad de condiciones legales, tendrían obligatoriamente que cambiar de orientación sexual. Y se quedara tan ancho.

Los nacionalistas defienden que “el idioma es identidad”, define quién eres y hay que respetarlo. Lo mismo puede decirse de la “identidad sexual”. Ambos son rasgos que no afectan a nuestras competencias técnicas. Y si aceptamos la premisa nacionalista, hay que aceptar la equivalencia con el ejemplo anterior.

Podemos creernos que esto es defender los “derechos” de una lengua. O podemos defender los derechos de las personas y tratar estas medidas como un ataque a la igualdad de todos, garantizada por la Constitución.

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