Verdades grandes y pequeñas

El proyecto de “Plan del Euskera” que defiende el gobierno foral actual tiene el fin declarado de asegurar el “derecho” de cualquier navarro a ser atendido en la lengua cooficial que elija. Algo que, a priori, suena inofensivo. Pero no lo es.

Para asegurar ese presunto derecho, crea unas condiciones que perjudican otros derechos más importantes, como la igualdad de los españoles ante la ley. No favorece a los ciudadanos hablantes de euskera tanto como discrimina a los aspirantes a funcionarios públicos que no lo hablen.

Al defender la medida en el parlamento foral, la vicelehendakari Barkos ha señalado que no es para tanto. Afecta a unas pocas plazas en unos pocos sitios. No cambiará la administración, nos dice.

El problema es que éso es falso.

El plan prevé una serie de plazas de funcionario que directamente requiere el idioma. Pocas, cierto. Eso es verdad.

También prevé que para muchas más plazas se pueda valorar el idioma en (dependiendo de la zona) entre un 23 y un 14% de la puntuación total en la evaluación (un 7% en zona no vascófona). Una diferencia que puede ser determinante para que (como ya pasa en la CAV) se acabe llevando una plaza un médico (o profesor, o contable, o ingeniero) menos cualificado técnicamente pero que certifique que habla batúa. La decisión de si se valora o no la tomará la entidad contratante, con una discrecionalidad sorprendente.

Pero cuando un opositor se convierte en funcionario “por saber euskera”, no está atado a su puesto. Tiene derecho a participar en todas las promociones internas como si hubiera ganado el puesto en igualdad de condiciones con el resto. El médico rural que no es tan bueno pero fue contratado en la zona Norte por hablar euskera, opta (cuanto antes, porque no es tonto) por plazas en Pamplona. El profesor, el administrativo… cuyo idioma era “tan importante” en la montaña que le permite marginar a mejores profesionales, a los dos días está trabajando en otro lugar más cómodo, donde su idioma no aporta nada.

En cambio, la tan necesaria plaza “en euskera” ha quedado vacante, y tiene un presupuesto, así que se cubrirá con otro vascoparlante (que tampoco tendrá que estar tan cualificado técnicamente como el resto de aspirantes). Y que en unos meses estará intentando salir también de la plaza.

El efecto neto es que la administración navarra acaba contratando un flujo continuo de “funcionarios por vascoparlantes” que a continuación se reparten por toda la administración. Puesto que la administración prioriza la promoción interna, esto significa que se convocan menos plazas abiertas a todos los navarros, reduciendo de nuevo su posibilidad de acceso a la administración de todos. Prolongue el método el tiempo suficiente, y toda la administración es vascoparlante. Adelante, use la hoja de cálculo.

Por eso, señora vicelehendakari, cuando dice que “las plazas son pocas y concretas”, dice la verdad pequeña, y miente descaradamente. Esa plazas no son tan pocas, no son concretas, y no están aisladas. Son la puerta de atrás para favorecer (mucho) la euskaldunización de la administración pública navarra y la discriminación laboral y política de los navarros no vascoparlantes.

Lo de reducir la calidad de los servicios públicos que pagamos todos ya es una víctima colateral.

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