De Convenios y “cuponazos”

Gracias a la debilidad del PP y a la rapacidad del PNV, los acuerdos que regulan la aportación de las diputaciones vascas y de la Comunidad Foral de Navarra a las cuentas comunes españolas están estos días en boca de todos. Generalmente para mal.

Hay quienes opinan que el PNV “ha hecho lo que debía”. Hay quienes opinamos que Rajoy se la ha jugado a Urkullu. Hay quienes ven en todo ello una estafa al resto de los españoles. Hay quienes ven en ello un ataque a fueros y normas propias y se van poniendo vendas.

El problema del cupo vasco y del Convenio navarro no es que sean “diferentes” ni “insolidarios”, ni siquiera “privilegios”, como veremos. Es que se fijan arbitrariamente, a diferencia de los impuestos, y esa arbitrariedad beneficia a los caciques políticos de turno.

RESUMEN

Yendo al caso navarro, y empezando por el principio…

  1. En Navarra no se pagan menos impuestos. Aunque las CCAA pueden modificar sus impuestos en parte, eso no siempre ayuda. En estos momentos, gracias a cuatripartito y comparando con las regiones más dinámicas (o hasta con las demás), los navarros pagan más. En palabras de un veterano asesor fiscal, “entre tipos y deducciones, lo comido por lo servido, estamos igual”, pero a quien no gasta asesor fiscal le crujen más. A quien tenga dudas le recomiendo examinar este informe; los datos navarros están a partir de la página 249 (no nos meten en comparativas, hay que currárselo).
  2. Lo que pasa es que el Gobierno de Navarra no le pasa esos impuestos al Estado directamente. Paga una “aportación” regulada por el Convenio (firmado en 1990 y modificado en 1998, 2003, 2007 y 2011).
  3. El dinero que no envían a Hacienda no vuelve al bolsillo de los navarros. Se queda para pagar gastos de la Comunidad (decididos por el partido que gobierna). Así ha engordado la administración foral y se paga el fomento del euskera.
  4. Navarra no “paga lo que quiere” ni hace las cuentas por su lado; ambas partes deben negociar cualquier cambio y están sujetas al Tribunal Constitucional. No es una relación “entre iguales” por mucho que los nacionalistas (y los medios que ellos financian) lo prediquen así. Los Fueros están reconocidos por la Constitución, y subordinados a ésta.
  5. Yendo al grano. La cantidad que debe pagar Navarra se basa en dos cálculos. Uno son las “cargas no asumidas” por la Comunidad Foral, gastos que el Estado no ha delegado como seguridad, política exterior, etc… y deuda pública. El otro es el “índice de imputación“, que es la riqueza comparativa entre Navarra y el resto de España. No perdamos de vista ninguno de los dos.
  6. Las “cargas” son relativamente complejas de calcular (y encima van variando), lo que sirve de excusa para que el proceso se haga cada cinco años (“años base”) y luego sólo se revise (ejemplo). Eso casi garantiza el desajuste entre previsión y realidad. Pero también garantiza que no hay unanimidad de criterio. Lo que unos valoran en un coste, otros interpretan de otra manera (no es broma: los cálculos de UPN y el cuatripartito difieren en casi el 40% de la cantidad, y ni los datos ni los funcionarios han cambiado). Como el método no está definido con suficiente claridad (y no por falta de páginas) la decisión es necesariamente algo arbitraria.
  7. El “índice” es el factor de corrección. Como Navarra es un territorio más rico que la media nacional, se le hace aportar más que lo que sale del cálculo anterior. Pensemos en ello como la solidaridad de los navarros. Para que los que critican el sistema sepan de lo que hablan, el índice ha estado en el 1,6 durante décadas. Eso significa que sobre el papel Navarra ha pagado a Hacienda un 60% más de lo que Hacienda se ha gastado en Navarra. Y Navarra no es un 60% más rica que la media de España, está más cerca del 23%. Pero el índice también se usa para compensar discrepancias en el cálculo (tú me sacas esto de la cuenta pero te meto un rejonazo aquí, y todo cuadra más o menos). Hay criterios de cálculo, pero no están fijados en piedra y acaba siendo política.

¿Qué significa todo ésto? Que hay tal nivel de indefinición, opacidad y arbitrariedad en el cálculo que es imposible saber si los pagos son ajustados o no. Que estamos en manos de acuerdos a puerta cerrada entre Hacienda y Comunidad, o (más exactamente) de compadreos entre los partidos que las controlan. Que un año hacemos falta y nos buscan un descuento, y otro no, y la hemos liado. Ponme esto aquí y quítamelo allá, y en cinco años te lo hemos pagado. O al revés.

¿Es justo el cambio en la aportación que ahora pretende el cuatripartito? ¿Quién puede decirlo?

¿Es justa la revisión del cupo vasco que propone el PNV? ¿Quién lo sabe? ¿Cómo se va a calcular? Pero a priori está mal, por el modo en que se ha forzado. Los impuestos no deben ser cosa de negociación como en la Edad Media. Los presidentes autonómicos no son señores feudales. Somos todos ciudadanos españoles, iguales ante la ley, y si el modo en que calculamos lo que aporta cada Comunidad al Estado varía, lo debe hacer con transparencia, equidad y justicia. No porque nadie necesite cuatro votos más.

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